Si hace unos días, éramos testigos del combate del siglo entre Mayweather y McGregor (aunque para algunos expertos de este deporte fue una patraña televisiva), otra pelea ha comenzado desde hace unos meses entre el peso pesado Consejo General del Poder Judicial “CGPJ” y unos aspirantes al título que nada le tienen que envidiar. Entre otros, podemos hablar del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otros púgiles del mismo corte.
¿Cuándo empezó el enfrentamiento?
El 25 de mayo de 2017, día en el que el CGPJ aprobó el acuerdo para la especialización de 54 juzgados con el fin de que éstos conozcan los litigios por las cláusulas suelo (ver enlace: noticia y BOE).
De esta manera, y desde del 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017, (en principio, ya que es posible que se prorrogue este plazo), los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa son asumidos por estos 54 jueces-luchadores, que se enfrentan a unos 90.000 “puñetazos”, eso sí, a golpe de demanda judicial (cifra que se estima a la que ascenderán las nuevas demandas que se interpongan por estos asuntos).
¿Qué han hecho sus rivales?
La respuesta no se hizo esperar, ya que es una medida que no ha sido bien recibida por sus contrincantes.
Así que más de uno ha lanzado su “primer directo de izquierdas” recurriendo ante el TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, este ofensivo acuerdo de la especialización de ciertos Juzgados, pidiendo la suspensión del mismo por el momento y luego su anulación, para evitar que se dicten sentencias por los 54 jueces-pugilistas y se consoliden situaciones jurídicas irreparables.
¿Cuáles serán consecuencias de esta pelea?
Es difícil prever quien ganará este combate judicial pero, por ahora, el CGPJ ya lleva propinando 17 “ganchos” a sus rivales en forma de sentencias dictadas, como por ejemplo, la del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona (enlace). Para ver más sentencias, pinchar en el siguiente enlace.
¿Pero es bueno que los jueces se especialicen por materias o no?
Es difícil de explicar, incluso para los que estén más familiarizados con el mundo jurídico, las ventajas e inconvenientes de la existencia de jueces especializados.
En concreto, podemos decir que el CGAE se queja de que estos 54 nuevos juzgados no podrán asumir la carga de trabajo prevista y el ciudadano terminará pagando esta espera.
Sea como fuere, lo cierto es que la especialización judicial por materias es un viejo tema de discusión para muchos juristas.
Entre sus defensores, podemos destacar al fallecido profesor Santos Pastor, el cual fue el máximo impulsor en España de la corriente doctrinal del Análisis económico del Derecho.
Esta línea de pensamiento reivindica que en la Justicia y en su organización debería prevalecer un visión más analítica de la realidad jurídica y los costes que conlleva su aplicación, para redistribuir los recursos de manera más eficiente, mediante la utilización de métodos económicos en el razonamiento jurídico.
Un ejemplo sería el de movilizar a 54 jueces para que éstos se encarguen exclusivamente de un tema (cláusulas suelo), porque opinan que es más barato, en tiempo y costes, esta opción que permitir que las 90.000 demandas que se esperan que lleguen se repartan por los diferentes juzgados de primera instancia de España ya existentes.
Sin desmerecer esta opinión, también debemos comentar aquellas voces, tan autorizadas como las anteriores, que critican abiertamente esta visión tan racional y simplista de la Justicia, al entender que la complejidad de los temas y la finalidad que persigue este ideal son distintos a la escala de preferencias que utiliza la Economía.
Por lo que no siempre, en palabras de estos críticos, se podrá tomar una decisión en función de un buen análisis económico de costes y beneficios, ya que hay magnitudes que son incuantificables, como puede ser la seguridad jurídica o el bienestar social.
Dicho lo cual, las constantes luchas de números que se suelen utilizar desde los poderes públicos (tanto en la Justicia como en otros ámbitos) suelen ser, en ocasiones, más perjudiciales que beneficiosas, ya que pueden llegar a esconder verdaderos problemas sociales atrapados en cifras maquilladas para la ocasión.
Sólo el tiempo nos podrá decir si la especialización en este caso concreto (la nulidad de cláusulas abusivas en el ámbito bancario) ha resultado positiva o negativa para el sistema judicial. Hasta entonces, habrá que saber encajar los golpes que iremos recibiendo siendo, hoy por hoy, la especialización judicial la que va ganando esta pelea.
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