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Conclusiones de los Magistrados de lo Mercantil de Madrid

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El pasado 13 de diciembre, la mayoría de los Magistrados de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid se reunieron para adoptar una serie de criterios comunes sobre cuestiones discutidas de la reforma de la Ley Concursal.

Estos criterios no son decisiones vinculantes para los Juzgados de lo Mercantil, si bien, su intención es unificar doctrina en cuestiones controvertidas con el fin de obtener mayor seguridad jurídica.

En concreto, los Magistrados han aunado criterios sobre las siguientes materias:

I. Homologación judicial de acuerdos de refinanciación.

II. Cuestiones de administración concursal

III. Concursos conexos y acumulados

IV. Comunicación de créditos

V. Procedimiento abreviado

VI. Conclusión del concurso

Hoy publicaremos, los acuerdos alcanzados en materia de “Homologación judicial de acuerdos de refinanciación”:

1. Cuando el solicitante de la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación interese la paralización de las ejecuciones singulares, ¿qué ejecuciones quedarán comprendidas? ¿Deberá especificar en su solicitud los Juzgados en los que se siguen, con expresión de las partes y del tipo de procedimiento de que se trate? ¿Qué tratamiento procesal habría que dar a la omisión de tales datos?

Por una unanimidad, los magistrados han considerado que las ejecuciones singulares comprendidas serán exclusivamente las despachadas a instancias de entidades financieras. No quedarán comprendidas otras ejecuciones seguidas a instancias de sujetos distintos. Tampoco quedarán comprendidos ni los apremios administrativos ni las ejecuciones de garantías reales, en este último caso ni siquiera aunque hayan sido instadas por entidades financieras.

La solicitud deberá expresar cuáles son las ejecuciones de esa clase (seguidas a instancias de entidades financieras, que no se destinen a la realización de garantías reales) que estén pendientes, con expresión de su número de procedimiento y Juzgado ante el que se tramiten. Si la solicitud no incluye tales datos, deberá disponerse su subsanación con carácter previo a la admisión a trámite.

Por otro lado, se ha adoptado por mayoría el acuerdo de que el decreto de admisión a trámite del Secretario Judicial (frente al que sólo cabe recurso de reposición ante el mismo Secretario, si admite la solicitud de homologación) y el auto posterior del Juez deberán identificar puntualmente aquellos procedimientos ejecutivos comprendidos en la paralización. Asimismo, por el Juzgado no se librará oficio a los Juzgados en los que se sigan tales ejecuciones singulares, sino que será el propio solicitante, con testimonio de aquellas resoluciones, el que haga valer el efecto suspensivo ante cada Juzgado competente.

2. La Disposición Adicional Cuarta se refiere a la publicación de la solicitud en el Registro Público Concursal, que no existe. ¿Cuál es la publicidad que deberá darse entonces hasta que dicho Registro Público Concursal sea creado? 


Por unanimidad, se ha decidido que mientras no se entre en funcionamiento el citado Registro Público Concursal, la publicidad que resultará aplicable por imposición de la DA 4a se llevará a efecto en el BOE, por extracto del deudor presentante y resumen de otros datos identificativos. La publicidad se dará tanto de la admisión a trámite como de su posterior aprobación. (véase AAP Madrid, Sec. 28, de 18 de julio de 2011).

3. A efectos de dar publicidad sobre el Registro Mercantil en que hayan sido depositados los acuerdos de refinanciación, ¿es preciso que la solicitud incluya los datos necesarios? ¿Qué tratamiento procesal hay que dar a su omisión? 


Por unanimidad, se ha acordado que la solicitud deberá incluir los datos sobre el Registro Mercantil en que hayan sido depositados los acuerdos de refinanciación o al menos la prueba de que se ha sido intentado infructuosamente tal depósito, siendo su omisión un defecto subsanable. A tal efecto podrá concederse un plazo de subsanación que no podrá exceder de un mes. Si bien la competencia para apreciar la existencia de defectos formales corresponde inicialmente en la Disposición Adicional 4a al Secretario Judicial, la valoración que inicialmente éste haga no impide el posterior control judicial. 
(UNANIMIDAD)

4. El art. 71.6 LC permite que los acuerdos de refinanciación de grupo sujetos a dicho precepto cuenten con el informe de un único experto independiente. ¿Es admisible la solicitud de homologación conjunta del acuerdo de refinanciación de un grupo que cuente con el informe de un único experto independiente? ¿Qué órgano deberá tramitarla?

Sí, por unanimidad. La prosecución por separado de distintos procedimientos de homologación referidos a un mismo acuerdo podría provocar resoluciones contradictorias. Para determinar la competencia, se estará a los criterios del nuevo art. 25 ter en materia de acumulación de concursos de grupo. Y bastará con el informe de un único experto independiente, sin perjuicio de que en el seno de tal informe se valore también aisladamente la situación de cada sociedad.

5. La Disposición Adicional Cuarta no contempla la posibilidad de personación de interesados ante el Juzgado Mercantil que tramite la homologación antes de que el Juez resuelva sobre la misma. ¿Es admisible dicha personación?

Sí, por unanimidad. Se admitirá la personación de quién invoque interés legítimo, a los efectos de su toma de conocimiento, pero no se admitirá alegación de ninguna clase, remitiéndose dichas alegaciones al trámite de oposición.

6. La Disposición Adicional Cuarta permite la oposición de cualquier “acreedor afectado”. ¿Existe algún tipo de restricción en función de si es o no entidad financiera o bien acreedor con garantía real? En caso afirmativo ¿Qué tratamiento procesal hay que dar cuando la oposición la deduce un acreedor distinto?

Por unanimidad, se ha considerado que la oposición sólo puede deducirse por los acreedores financieros no firmantes del acuerdo de refinanciación a los que se extienda el efecto de espera (por tanto, excluidos los acreedores con garantía real). Si la dedujera cualquier otro acreedor, procedería la inadmisión a trámite del incidente ex art. 194.2 LC (cuestión impertinente).

7. La Disposición Adicional Cuarta obliga a dar traslado de la oposición al deudor y a todas las demás partes del acuerdo. ¿Cómo debe procederse en términos procesales a tal efecto?

Por unanimidad, se entiende que el impugnante deberá facilitar los domicilios, a efectos del emplazamiento, de todos los firmantes del acuerdo, y tantas copias de su demanda incidental de oposición como firmantes del acuerdo deban ser emplazados. En caso de imposibilidad de designar domicilio se procederá conforme al art. 156 LEC (averiguación de domicilio). Si cualquiera de las partes estuviera domiciliada en el extranjero, deberá acompañarse traducción al idioma extranjero de la demanda de oposición y se procederá con arreglo a la norma que rija en materia de auxilio judicial internacional.

8. En la Disposición Adicional Cuarta la posibilidad iniciar un incidente de incumplimiento corresponde a cualquier acreedor, adherido o no al acuerdo. ¿Existe alguna restricción en función de su condición de entidad financiera o el carácter real?

Por mayoría, sólo pueden promover el incidente de incumplimiento los acreedores que tengan la condición de entidades financieras y siempre que el efecto de la homologación se extienda a las mismas (por tanto, excluidos los acreedores con garantía real que no hubieran suscrito el acuerdo y otra clase de acreedores).

9. La Disposición Adicional Cuarta señala que, si se estima el incidente de incumplimiento, “los acreedores podrán instar la declaración de concurso”. ¿Hay que entender que, homologado un acuerdo de refinanciación, no es posible proveer las solicitudes de concurso necesario que se presenten durante su vigencia?

Por unanimidad, la homologación no entraña ningún efecto impeditivo de la tramitación de cualquier solicitud de concurso necesario durante la vigencia del acuerdo de refinanciación, sin perjuicio de los efectos que tenga la homologación para la apreciación de los “hechos reveladores” de la insolvencia.

10. ¿La solicitud de homologación judicial y todos los incidentes ulteriores (de oposición, de incumplimiento) sigue la regla de los antecedentes cuando hubiera venido precedida de una comunicación del art. 5 bis? ¿Es la homologación antecedente a los efectos de la posterior solicitud de concurso por el deudor u otro legitimado?

Todos los Magistrados ha acordado que la solicitud de homologación se repartirá al Juzgado ante el que se hubiera presentado la comunicación del 5 bis si la hubiera. Todos los incidentes posteriores de oposición o incumplimiento se repartirán al mismo Juzgado, así como el concurso voluntario o necesario del deudor. Se instará la adaptación de las normas de reparto al presente criterio.

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  • Tesis doctoral: EL PROBLEMA DEL SOBREENDEUDAMIENTO DE LA PERSONA FÍSICA EN ESPAÑA

    Para ello, parte de la premisa de que el modelo económico de las economías desarrolladas se basa en la expansión del crédito como motor principal para generar la riqueza privada, tanto en su esfera empresarial como a nivel particular.

    Siendo así las cosas, parece, en opinión del autor, justificable que el Estado deba (o pueda) actuar en las relaciones privadas de sus ciudadanos, en aquellos casos en los que, por las razones que sean, éstos dejan de pagar sus créditos y entran en la espiral de la insolvencia.

    Ya que, en parte, el propio Estado ha sido el responsable de crear (o permitir) un modelo económico que genera una mayor exposición al sobreendeudamiento a sus usuarios y, en particular, a las personas físicas.

    Asimismo, también existen razones de interés puramente económico, pues el problema de la insolvencia de un individuo, de un ciudadano, se convierte a medio y largo plazo en el problema económico de todos. Es decir, las situaciones de insolvencia afectan a la economía de los países, al drenar liquidez de las entidades bancarias, reducir el consumo y generar inseguridad en los inversores extranjeros.

    Por tanto, ya sea por una cuestión económica ya sea por una razón ética, las principales economías del mundo (EEUU, Francia y Alemania), desde hace años, han regulado los supuestos de insolvencia de las familias, considerando este tipo de problemas desde una doble dimensión: jurídica-social y económica, con el objetivo de resolver lo antes posible las situaciones de insolvencia para no perjudicar (o perjudicar en lo menos posible) al modelo económico del país.

    Es, por ello, que estas economías no sólo se han limitado a aprobar una normativa propia para hacer frente a la insolvencia, sino que también han invertido recursos públicos en mejorar el sistema, y un buen ejemplo de ello, muy ilustrativo, es que el propio Banco Central de Francia interviene en los procesos de conciliación de renegociación de deudas entre particulares y acreedores, dedicando parte de su plantilla exclusivamente a este proceso.

    Entrando a analizar el ordenamiento jurídico español, del resultado del estudio realizado en la presente tesis doctoral (disponible en la UCAM y en el TESEO/Ministerio de Educación), se ha obtenido la conclusión de que el legislador español no ha desarrollado (o al menos, no al mismo nivel que los 3 países anteriormente señalados), una normativa específica, un sistema jurídico propio, que dé respuestas reales y eficaces a los supuestos de impago generalizado de las obligaciones económicas de una familia.

    Esta ausencia de una normativa propia (si se compara al nivel de la existente en otros países) o la ineficacia de la regulación que ya existe, ha generado, en opinión del autor, y tras el detenido análisis realizado en esta investigación, que los efectos de la actual crisis económica española se hayan multiplicado, provocando mayores problemas sociales y de destrucción de la riqueza privada.

    Prueba de ello, es que el RDL 6/2012 únicamente ha servido a 2 de cada 100 personas que tenían problemas para pagar su hipoteca en su primer año de vigencia.

    Tampoco las distintas Administraciones públicas españolas han invertido los recursos necesarios (tiempo, personal, fondos, etc.) para crear los mecanismos apropiados que ayuden a solucionar aquellas situaciones de sobreendeudamiento de los particulares.

    No obstante lo anterior, es cierto, que en los últimos años se ha promulgado  algunas  disposiciones legislativas, que han paliado, en parte, este mal endémico del ordenamiento jurídico español.

    Sin embargo, y de conformidad con las conclusiones alcanzadas en la indicada tesis, estas iniciativas legales siguen mostrándose insuficientes e ineficientes.

    Prueba de ello, son las elevadas cifras de suicidios, desahucios y el gran descontento social en los últimos años,  inasumibles en un Estado del Bienestar y si se tienen en cuenta los principios rectores de la política social y económica  que la Constitución española establece, como es la obligación que los poderes públicos tienen de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad y los legítimos intereses económicos de éstos.

    Otro ejemplo de ello, meramente anecdótico pero significativo, y que el autor ha deseado destacar, es la unión (o coincidencia de reivindicaciones) que ha existido entre los diferentes agentes sociales (jueces, abogados, plataformas de ciudadanos, etc.) que han exigido al legislador español un sistema más justo para las familias españolas que sufren los estragos de la crisis.

    Como conclusión a dicho estudio, el autor propone una serie de contenidos mínimos de una posible regulación normativa al problema estudiado, que mejore la resolución de los problemas de sobreendeudamiento en un futuro próximo.

    De esta manera, el autor quiere poner encima de la mesa un conjunto de ideas jurídicas, sobre las cuales se pueda iniciar una reflexión o generar un debate, con el fin de completar y enriquecer las mismas, de cara a una posible regulación futura en esta materia. 

    Asimismo, este estudio pretende que sirva de punto de partida para volver a ponderar los diferentes modelos jurídicos que España puede adoptar a la hora dar soluciones a los problemas de insolvencia de particulares, considerando, como posible modelo y fruto específico de un estudio de derecho comparado, la proposición de Ley que se aporta como Anexo a la indicada Tesis, con el fin de que dicha proposición sea fuente de discusión doctrinal y social.

  • Medidas fiscales introducidas por el RDL 8/2014

    Entre otras medidas, el citado RDL ha reformado dos artículos de naturaleza tributaria y que tienen especial transcendencia en los procesos de refinanciación de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual.

    De esta manera, se ha introducido una nueva exención al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ver art. 33.4 letra d) de la Ley 35/2006), no considerándose ganancia patrimonial para el deudor o garante del deudor la trasmisión de su vivienda habitual en los procesos de dación en pago o en ejecuciones judiciales o notariales, salvo que se pruebe que el propietario de la vivienda habitual dispone de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

    Asimismo, se ha modificado el artículo 105.1 letra c del RDL 2/2004, de 5 de marzo, al establecer la misma exención que la señalada en el apartado anterior pero, en este caso, sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

    Ambas exenciones será de aplicación con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos.

    Por otro lado, y a los efectos del impuesto de la plusvalía municipal, se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente haya figurado empadronado de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

    Esta reforma legislativa viene a paliar la injusta y dramática situación en la que se encontraban muchas familias que después de haber perdido su vivienda, tenían que hacer frente al pago de impuestos porque, a efectos fiscales, se consideraban que se había producido una ganancia patrimonial o una plusvalía municipal con la entrega de su vivienda habitual al acreedor hipotecario.

    Sin perjuicio de los aspectos positivos de esta reforma, en nuestra opinión, la misma sigue siendo insuficiente ya que no contempla los casos de entrega de la vivienda habitual vía compraventa con subrogación.

    Ya que, en la práctica, las operaciones de cancelación del préstamo hipotecario sobre vivienda habitual suele instrumentarse a través de la venta por parte del deudor de su vivienda a una sociedad inmobiliaria, que a su vez es filial de la entidad bancaria acreedora del préstamo.

    Estos vehículos societarios suelen ser creados por la mayoría de las entidades bancarias con el fin de gestionar sus activos inmobiliarios, teniendo ciertas ventajas operativas (mejor gestión, mejor venta de los activos, realización de operaciones sujetas a IVA, etc.).

    Es, por ello, que el descuido del legislador español al no incluir este tipo de operaciones a la hora de establecer las exenciones fiscales señaladas supone un menoscabo a la mayoría de los deudores, que después de entregar su vivienda habitual, asumen un posible riesgo fiscal de que su operación se pueda considerar como ganancia patrimonial o una plusvalía municipal.

    Considerando lo anterior, sería conveniente una nueva reforma fiscal que incluya como exentos de IRPF e IIVTNU los supuestos de trasmisión de la vivienda habitual por parte del deudor a una sociedad inmobiliaria participada casi en su totalidad por la entidad de crédito, la cual es a su vez acreedora del préstamo hipotecario que grava la vivienda.

    Hasta entonces, los casos de trasmisión de la vivienda habitual mediante la adquisición de la misma por una sociedad inmobiliaria, filial de la entidad acreedora, a priori seguirán tributando (salvo que se realice una interpretación extensiva de la norma, y se incluya dentro del concepto dación en pago los supuestos de compraventa con subrogación).

    Una posible solución jurídica (la cual es discutida y que sólo tendría cabida en el impuesto de plusvalía), podría ser que el deudor solicitase al Pleno de su corporación municipal la declaración de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales de su vivienda, con el fin de acogerse a la bonificación del 95% del IIVTNU prevista en el art. 108.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, aunque jurídicamente, es de difícil encuadre justificar dicha declaración, siendo lo más probable su denegación.

  • Aspectos clave de la ley antidesahucios

    Desde Mayo de 2013 las familias con deudas hipotecarias cuentan con una ley que les brinda mayor protección a su situación de desamparo, la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Frente al aumento de los desahucios, esta ley pretende frenar la tendencia al alza poniendo a disposición de las familias diversas soluciones y alternativas.

    En este artículo analizamos algunos de los aspectos claves de la ley como la suspensión del desahucio durante dos años para familias en riesgo de exclusión, la modificación del régimen de subastas o la limitación de los intereses de demora.

    1.- Congelación de los desahucios

    El primer aspecto remarcable de la ley es la congelación de los desahucios durante dos años desde la aprobación de la misma para personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. En principio es una buena noticia, porque las familias afectadas podrán seguir teniendo un techo donde resguardarse y contarán con tiempo para poder enderezar la situación.

    Sin embargo, los requisitos para ser considerado como persona o familia de especial vulnerabilidad son bastante restrictivos y excluyen a la mayoría de familias españolas.

    Las personas consideradas vulnerables por la ley son las siguientes:

    *Familias numerosas.

    *Familias monoparentales con dos hijos a cargo.

    *Familias con menores de 3 años.

    *Familias con algún miembro con discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad.

    *Familias en que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado la prestación por desempleo.

    *Familias con un miembro víctima de violencia de género.

    Estas personas deberán encontrarse en alguna de las circunstancias económicas siguientes:

    *El conjunto de los ingresos familiares no puede superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

    *Que en los 4 años anteriores a la solicitud de la suspensión del lanzamiento se haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

    *Que la cuota hipotecaria sea superior a la mitad de los ingresos netos de la familia.

    *El préstamo o crédito debe recaer sobre la única vivienda del deudor.

    2.- Limitación en el interés de demora

    Los intereses de demora no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero, lo que se traduce en que, a fecha de hoy, no podrán superar el 12% de la deuda. Además, la ley prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y dispone que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará a los intereses de demora, de manera que se permita al máximo posible que el principal deje de devengar interés.

    3.- Mayor protección en la venta extrajudicial

    La venta extrajudicial estará más regulada. En primer lugar, se exige que para que se lleve a cabo se recoja como tal en una escritura separada de las restantes condiciones pactadas de la hipoteca. La venta extrajudicial se llevará a cabo mediante una única subasta en un portal de subastas designado y con carácter electrónico.

    Para la tasación del bien inmueble los deudores podrán acudir a un tasador homologado, cuya homologación deberá respetar el banco. En todo caso el valor de tasación de la vivienda no podrá ser inferior al 75% del valor que se refleja en la escritura. Ello está enfocado a evitar tasaciones a la baja por parte de los bancos, estableciendo un tope mínimo y la posibilidad de que un tercero no implicado en el proceso valore la vivienda.

    En el caso de existir cláusulas abusivas, los notarios estarán obligados a comunicar su existencia a las partes, pudiendo paralizar el proceso si una de las partes acude a la vía extrajudicial por dichas cláusulas. Una vez más se facilita la intervención de un tercero para evitar vulneraciones contra el desahuciado.

    4.- Mejoras en el procedimiento de ejecución

    También se refuerza la protección de los deudores en el procedimiento de ejecución. Los jueces, al igual que los notarios en la venta extrajudicial, verán su poder incrementado. Si detectan la existencia de cláusulas abusivas pueden audiencia a las parte en los siguientes 5 días. Escuchadas las partes, podrán optar por seguir con el proceso o bien declarar improcedente el título ejecutivo y paralizarlo. También aquí intervienen terceros, los jueces, que pueden acabar actuando en beneficio del deudor.

    En el aspecto económico, en el procedimiento de ejecución de vivienda habitual se han reducido las costas procesales y nunca podrán superar la cantidad equivalente a un 5% de la demanda. También se da la posibilidad de que, si una vez ejecutada la vivienda habitual y aún quedando deuda pendiente, la vivienda es vendida por el banco en los 10 años siguientes a la ejecución, el desahuciado podrá participar en el beneficio o incremento del valor de la vivienda mediante quitas o descuentos sobre la deuda pendiente. Estas son medidas que, si bien no evitan el desahucio, lo hacen un poco más llevadero económicamente.

    5.- Regulación de alquiler social

    Se prevé que el Gobierno constituya un fondo social de viviendas, compuesto por viviendas propiedad de los bancos, para alojar a las personas que han sufrido el desahucio de su vivienda. El alojamiento se llevará a cabo mediante un alquiler que deberá ser asequible en función de los ingresos de la familia. Una vez más el problema es que sólo se beneficiarán las familias especialmente vulnerables, pero la ley deja la puerta abierta a que, a los 6 meses de la publicación del texto, se pueda incluir a familias que reúnan otros requisitos.

    6.- Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales

    Aquellas personas que en su día adquirieron una vivienda de financiación estatal protegida, ahora no tendrán que devolver las cantidades correspondientes a ayudas o beneficios fiscales que obtuvieron para la adquisición de la vivienda si ésta ha sido transmitida mediante dación en pago, ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.

    Tampoco se les exigirá la devolución a los compradores de viviendas acogidas a financiación estatal protegida cuando se modifiquen las condiciones de los préstamos como consecuencia de reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos.

    A pesar de esta regulación, la Ley no ha llegado a incorporar la dación en pago con carácter universal y retroactivo como reclamó en su momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y apoyada por un millón y medio de personas. Así, la normativa contempla esta medida únicamente como parte del Código de Buenas Prácticas Bancarias. 

  • Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2005

    De esta manera, dicho acuerdo establece que: No debe aplicarse de forma absoluta y como principio el brocardo jurídico “in illiquidis non fit mora”, sino contemplar la razonabilidad de la discusión del deudor; si ésta no es razonable, ello implicará la imposición de intereses moratorios al deudor estándose al canon de razonabilidad.

    En otras palabras, no se deberá aplicar de forma automática el devengo de los intereses de demora sin valorarse previamente la razonabilidad de la oposición del deudor.

    Esta doctrina ha sido consolidada por las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de mayo de 2010 y 7 de abril de 2011.

    A efectos prácticos, esta doctrina podría tener efectos directos en aquellos procedimientos judiciales que versen sobre la nulidad de contratos bancarios, ya que la parte demandante deberá justificar el carácter indemnizatorio de los intereses de demora y, por el contrario, la parte demandada deberá demostrar la razonabilidad de su oposición a la demanda.

    En función de la valoración que el Juzgado realice de ambas posiciones, tomará la decisión de aplicar o no el devengo de los intereses de demora: a) o bien, desde la fecha en que se produjeron las contraprestaciones (ex. art. 1.303 del Cciv.), o bien; b) desde la fecha de sentencia (ex. art. 576 de la LECiv.).

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